Cuando el Estado chino admite por escrito que la inteligencia artificial puede destruir empleo, obliga a sus organismos a planificar reconversiones antes de que el problema explote. Regular los algoritmos de recursos humanos significa que las decisiones de contratación y despido empiezan a tener reglas y responsables. Lo que se decida sobre quién paga la reconversión y quién controla esos sistemas va a marcar cómo se reparte el costo de la automatización en la economía más grande de Asia.