Es uno de los primeros juicios donde un integrante de la fuerza de seguridad aparece como acusado en un femicidio en la región, lo que pone bajo escrutinio tanto la conducta individual como los controles internos de la policía. Cuando el agente que debía proteger es el acusado, la confianza en las instituciones se resiente y cada audiencia muestra qué tan efectiva es la justicia para estos casos. Lo que está en juego es si la condena llega con la misma rapidez con que se dio la noticia.