El pedido apunta a un vacío que la ley municipal no cubre: los predios privados quedan fuera de esa prohibición y, si aceptan la solicitud, el alcance del control sobre los operativos migratorios se extiende más allá de los edificios públicos. Lo que se pone en juego es hasta dónde puede una ciudad condicionar la actividad federal en su territorio sin apoyo legal explícito. Para los dueños de los estacionamientos, la decisión implica sumarse a una disputa que excede su negocio.