Los US$15 millones se destinan a instalar el organismo y a sacar equipamiento de Huawei de la infraestructura estatal, con auditorías que revisarán las redes públicas. Lo que está en juego es qué sistemas quedan expuestos mientras se hace el cambio y quién controla la información que circula por el Estado. Cada proveedor que se reemplaza implica nuevos contratos, nuevos plazos y una dependencia que cambia de manos. El reemplazo define no solo qué tecnología usa el Estado, sino de quién depende para protegerla.