El encargo pone bajo revisión el acuerdo de paz firmado durante el gobierno de Gustavo Petro, cuyos efectos sobre justicia y víctimas quedarán sujetos a un diagnóstico oficial. Lo que se concluya puede redefinir qué programas se sostienen y cuáles se reemplazan. En juego están las víctimas del conflicto y la estabilidad de políticas que llevan años en marcha, y el resultado de esta revisión marcará el rumbo de la política de paz colombiana en el próximo período.