La circulación de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial o montajes convierte a estudiantes en blanco de humillación pública, con un alcance que supera ampliamente el ámbito escolar. El caso obliga a discutir cómo responden las instituciones educativas cuando el daño ocurre fuera del aula y en plataformas que no controlan. Para las familias, la pregunta concreta es qué protección y qué canales de denuncia existen cuando la víctima es una menor.