La decisión judicial deja sin avance una causa por dichos sobre crímenes de lesa humanidad, y reabre el debate sobre los límites de las expresiones de los funcionarios. Según el planteo de Morales, el caso marca cómo se trata la memoria de la dictadura en los tribunales. Lo que se decida sobre la denuncia puede definir si las burlas a las víctimas tienen algún costo legal.