Una condena de 22 años se apoya en un vínculo familiar más que en evidencia directa, según la defensa, algo que debería ser un límite en cualquier proceso penal. Un hombre sin antecedentes, con 16 años de trabajo estable, pasa a estar preso por lo que hizo otro. La situación pone a prueba la solidez de la presunción de inocencia en Venezuela, donde el caso ya tiene sus propias dimensiones.