Cuando un funcionario separa los disturbios de la protesta pacífica, pone en juego el límite entre ejercer el derecho a manifestarse y perderlo. Ese límite determina quién tiene que responder por los destrozos y quién queda expuesto a sanciones por estar en la calle. En un debate que se repite en muchos países, el criterio que se imponga define cuánto espacio tiene la protesta común. El resultado no lo decide un episodio aislado sino la forma en que las autoridades nombran lo que pasó.