Una institución que aloja a un acusado en una residencia mixta, con compañeros sin información, traslada el riesgo a estudiantes que nunca fueron consultados. La denunciante ya había llevado el caso a la justicia civil, y el campus seguía tratándolo como un estudiante más. Lo que está en juego es qué protección recibe quien denuncia y quién responde si la medida falla.