El CIN lleva el reclamo por el financiamiento universitario a una instancia internacional, lo que pone el conflicto en una agenda que excede al gobierno argentino. Según el documento, el incumplimiento de la ley afecta a las instituciones democráticas, y eso amplía el debate más allá del presupuesto. Lo que queda en juego es el funcionamiento de un sistema que forma a buena parte de los profesionales del país.