Si el decreto se aprueba, las universidades deberán ajustar sus plantillas y contrataciones para cumplir con una mayor proporción de profesores doctores en cada titulación. Eso puede traducirse en más llamados a concurso, más presupuesto destinado a personal académico y cambios en la oferta de másteres. Las universidades con menos doctores en plantilla son las que enfrentarían el mayor esfuerzo de adaptación. La medida redefine qué se exige para enseñar en la universidad.