Si el acceso a documentos públicos cuesta millones, sólo pueden pedirlos quienes tienen mucha plata. Eso deja a la ciudadanía sin herramientas para controlar a quien tiene el poder de usar la fuerza. Un vecino que quiere saber cómo se investigó una denuncia contra un agente de su barrio tampoco podría pagarlo. La transparencia que existe en el papel puede volverse inaccesible en la práctica.