Cuando un parlamento revisa sus propias reglas de convivencia, reconoce que los mecanismos anteriores no alcanzaban para proteger a quienes trabajan allí. Para asistentes, empleados y personal de apoyo, eso puede traducirse en canales de denuncia distintos y sanciones más claras. La discusión también muestra que el problema no es solo individual: la estructura de poder dentro de las oficinas define quién puede hablar y quién queda callado.