Cuatro de los ocho chicos tienen diagnóstico de desnutrición y el sistema estatal no les dio la asistencia que corresponde. La situación pone en evidencia la distancia entre los diagnósticos médicos y la ayuda efectiva que llega a las familias. El caso llega solo por el relato de una madre y de un opositor exiliado, sin una respuesta oficial documentada. Lo que está en juego es la salud de niños que dependen de una decisión administrativa.