La resolución establece que la identidad de una víctima de agresión sexual puede protegerse en la justicia civil, algo que pesa en cómo otras denunciantes evalúan presentarse. En casos con personas vulnerables y con una universidad como demandada, el anonimato define cuánto se expone la víctima y qué margen tienen las instituciones para explicar sus procedimientos. El fallo marca el terreno sobre el que se discutirá el caso en las próximas etapas.