La decisión deja fuera de juego a varias agencias federales en nueve estados, lo que obliga a revisar cómo se ejecutan las políticas migratorias en buena parte del país. La jueza señaló riesgos electorales asociados a esos operativos, un punto que agrega una dimensión política a un conflicto ya judicializado. Lo que se resuelva al vencer el plazo marcará si la restricción se convierte en un límite duradero a la actuación federal.