La decisión limita por ahora la actuación de agentes migratorios federales en nueve estados de Estados Unidos, en un contexto donde la justicia analiza si esas operaciones afectan el proceso electoral. Si la medida se sostiene, condiciona la forma en que el gobierno federal despliega sus fuerzas en plena discusión sobre el voto. El caso pone en juego el límite entre el control migratorio y la participación política de comunidades enteras.