La decisión define cómo se protege a las víctimas de delitos sexuales en un proceso judicial que ya cuestiona el manejo de la universidad y de la policía. La apertura de una investigación criminal a cargo de la fiscalía estatal abre un nuevo frente con consecuencias sobre la responsabilidad institucional del campus. El caso puede marcar un precedente sobre la exposición pública de las denunciantes en Estados Unidos. Lo que se resuelva en esta causa dirá cuánto pesan las garantías de la víctima frente a la presión por la transparencia institucional.