Si se confirma que buena parte de las víctimas no portaba armas, el caso dejaría en evidencia un problema de control sobre el uso de la fuerza policial, con cientos de familias afectadas. El dato obliga a revisar protocolos, responsabilidades penales y mecanismos de supervisión en uno de los países con más letalidad policial de la región. Lo que viene es saber si las autoridades abren investigaciones que lleguen a los responsables.