El caso muestra que una orden judicial de deportación que no se cumple puede convertirse en una deuda de cientos de miles de dólares, aun para una persona sin recursos. Las penalidades por incumplimiento pesan más que la decisión de fondo sobre la permanencia en el país. Quien enfrenta un proceso migratorio en Estados Unidos conoce ahora el costo económico real de quedarse después de la orden.