La denuncia junta tres problemas que se refuerzan entre sí: una enfermedad que exige condiciones de higiene, la falta de agua en la vivienda y una detención por reclamar por ese mismo servicio. Cuando reclamar por derechos básicos tiene como respuesta un control policial recurrente, el costo de quejarse pasa a recaer sobre quien ya está enfermo. El caso muestra cómo la salud y la libertad de expresión quedan atadas a la misma cuestión.