Cuando un regulador de comunicaciones acusa a medios de publicar encuestas falsas o noticias distorsionadas, la herramienta que decide si una licencia sigue vigente queda en el centro de la discusión. Las emisoras que se sientan presionadas pueden moderar coberturas antes de recibir cualquier sanción formal. Lo que está en juego es quién define qué es una noticia falsa en un país donde el periodismo depende de licencias que otorga el Estado. Si la presión funciona por anticipado, el control no hace falta ejercerlo: alcanza con que los editores se autocensuren.