Que la UIA, la AEA, el G-6, Amcham y la Sociedad Rural hayan guardado silencio ante los dichos presidenciales deja en evidencia cuánto pesan los vínculos con el Gobierno frente a la defensa de la libertad de prensa. Las entidades que más dependen de decisiones oficiales son también las que menos se expresan cuando el conflicto escala. El silencio tiene un costo en la discusión pública que todavía no se terminó de medir.