El resultado indica que las salvaguardas de los generadores de imágenes no alcanzan para impedir la fabricación de material electoral falso, a meses de comicios donde cada imagen puede circular sin verificación. Una falsificación que asocia a una candidata con un delincuente sexual condenado tiene un potencial de daño reputacional difícil de revertir una vez viralizada. La pregunta que queda abierta es quién responde cuando la herramienta produce ese contenido: la empresa que la desarrolla, quien lo pide o las plataformas que lo distribuyen.