El caso pone en el centro de la discusión la cercanía entre una alta funcionaria del organismo electoral y un proveedor que trabaja para el mismo instituto. La ASF deberá determinar si hubo contrataciones o beneficios que comprometan la independencia de la institución. Si se confirma un conflicto de interés, el asunto podría derivar en sanciones administrativas y en un nuevo escrutinio sobre cómo se asignan los contratos en el INE.