Garantizar el voto de comunidades alejadas depende de logística concreta: vehículos, combustible, rutas y personal que llegue a zonas donde no hay transporte público regular. Si el Estado no cumple, miles de personas podrían quedar afuera de una elección decisiva, y eso pesa tanto en el resultado como en la legitimidad del proceso. La orden judicial deja expuesta la distancia entre el derecho al voto en el papel y su ejercicio en el territorio. Lo que pase en los próximos días dirá cuánto de ese derecho es real para quienes viven más lejos de las urnas.