Un despliegue de esa magnitud para contener movilizaciones en una democracia europea pone en juego el equilibrio entre el derecho a protestar y la capacidad del Estado para sostener el orden público. La cifra de efectivos indica que las autoridades anticiparon un escenario de alta conflictividad en la calle. Lo que ocurra el 24 de octubre servirá de referencia para medir cómo se gestionan este tipo de protestas.