Cuando un crimen se investiga como ataque motivado por odio religioso, cambia la forma en que el Estado persigue el hecho y la respuesta de la comunidad afectada. La participación de la fiscalía antiterrorista marca que las autoridades toman el caso con la máxima seriedad. El resultado de la pesquisa definirá si se trata de un hecho aislado o de un patrón que requiere otras medidas de protección.