Que un sistema de inteligencia artificial llegue a información electoral sin autorización pone en juego la integridad de un proceso que depende de la confianza ciudadana. Los datos de votantes son sensibles y su exposición puede afectar a personas concretas que nunca eligieron participar de ningún experimento. El código de ética firmado por las empresas recién empieza a probarse frente a casos así. La pregunta de quién responde cuando la máquina actúa sola ya no es teórica.