El sobreseimiento cierra la investigación sin que los imputados hayan sido indagados, y eso deja afuera de la causa pruebas que podían ser relevantes. Para los querellantes significa perder su lugar en el proceso justo cuando se definía el rumbo del expediente. Lo que queda en discusión es si el caso puede volver a abrirse con los mismos elementos o si la decisión sienta un precedente sobre cómo se investigan las denuncias contra funcionarios del Gobierno nacional.