La orden deja en pausa a los operativos de inmigración en nueve estados, con un plazo que vence justo después de las elecciones presidenciales. Para las comunidades migrantes de esos territorios, la pregunta práctica es quién controla las redadas mientras dure el conflicto judicial. Cuando una decisión de un juez frena a una agencia federal, el choque entre poderes deja de ser un debate abstracto y pasa a definir dónde puede estar una familia el martes a la mañana. Lo que se decida en los tribunales en las próximas semanas puede pesar más que cualquier anuncio de campaña.