El fallo obliga a reincorporar a una fiscal que había trabajado en expedientes con gran exposición pública, y deja en evidencia que el Estado debe justificar cada despido de personal judicial. Para los fiscales, la decisión marca un límite a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre quienes investigan casos sensibles. La causa todavía puede avanzar en instancias superiores, así que el alcance final del precedente aún está por definirse.