Un embargo de $1.000 millones y una prohibición de salir del país son medidas que pesan sobre el patrimonio y la libertad de movimiento de un exfuncionario mientras el caso avanza. La nota vincula la situación con su actividad en el negocio agropecuario, un dato que el proceso judicial tendrá que aclarar. Para quien siga la causa, el próximo paso es ver si las pruebas del lavado se sostienen en las instancias superiores. Mientras tanto, la defensa habla de persecución y el expediente todavía no tiene un veredicto.