La resolución deja sin efecto la hipótesis penal sobre la participación presidencial en el lanzamiento del token, un caso que había generado pérdidas para inversores. Quedan abiertas las consecuencias políticas y las eventuales demandas civiles de quienes compraron el activo. El fallo también marca el límite judicial sobre la responsabilidad de funcionarios en operaciones financieras privadas.