La sentencia pone un límite concreto a la posibilidad de que el Ejecutivo remueva funcionarios de carrera sin respetar el marco legal. Cada despido de este tipo que se revise a partir de ahora tendrá este precedente como referencia. Para los empleados públicos, la decisión significa que la estabilidad en el cargo se puede defender en tribunales, aunque el proceso sea largo y el resultado llegue años después.