La orden de prisión preventiva contra una figura que ya compitió por la presidencia pone en juego la competencia electoral en Ecuador a pocos años de las próximas elecciones. Mientras la causa siga abierta, la candidata queda fuera de la campaña y la discusión pública se vuelve sobre la independencia de la justicia. El caso también mide cuánto margen tiene la oposición para disputar el poder en el país.