Hoy los sistemas automatizados ya clasifican beneficiarios, priorizan controles y estiman riesgos en áreas como salud, seguridad y asistencia social. Cuando una decisión de diseño queda incorporada en un modelo, la discusión política se traslada a un código que pocos ciudadanos pueden revisar. Quien define qué datos entran y qué objetivos se persiguen sigue siendo una persona, aunque no siempre lo parezca. La pregunta de fondo es quién responde cuando una política sale mal y nadie firmó la decisión.