Si las cifras del informe se confirman, el reparto de lo que cobra un médico que trabaja en el extranjero queda casi todo en manos del Estado que lo envía, y el profesional recibe una porción mínima de su propio trabajo. Esto afecta directamente a quienes firman esos convenios y a los sistemas de salud que los contratan, que dependen de personal cuya libertad para renunciar o cambiar de condiciones está limitada. La discusión de fondo es quién se queda con el valor del trabajo y bajo qué condiciones se acepta un empleo así.