Que el acusado haya vuelto a delinquir tras cumplir una condena pone en juego la eficacia de los controles posteriores a la prisión y el seguimiento de agresores sexuales. Las niñas afectadas y sus familias son quienes cargan con las consecuencias más directas de esa falla. El caso obliga a revisar cómo se monitorea a quienes ya fueron condenados por delitos de esta gravedad.