Las facultades que la ley le asigna a Hacienda son el punto en discusión, y cualquier fallo que las invalide dejaría sin efecto parte de un régimen recién sancionado. Para empresas y usuarios de servicios digitales, eso significa reglas que pueden cambiar a mitad de camino. La pregunta de fondo es quién controla el ámbito digital cuando la ley y la Constitución no coinciden, y esa definición todavía está abierta.