El monto se calcula sobre el tiempo de convivencia y apunta a compensar el costo que tuvo la ruptura en la autonomía económica futura de quien resignó oportunidades laborales. Cuando la ruptura deja a una de las partes con menos ingresos y trayectoria, el reclamo pasa a ser una cuestión patrimonial que puede definir cómo se reparte el esfuerzo doméstico entre parejas no casadas. El precedente deja en claro que el trabajo de cuidado tiene un valor económico medible ante la Justicia.