El caso muestra cómo la disputa por tierras y concesiones mineras puede terminar en violencia contra figuras públicas. La presunta red combinaba exfuncionarios de inteligencia con ex efectivos policiales, lo que plantea preguntas sobre la persistencia de estas conexiones dentro del aparato estatal. Mientras se avanza en la pesquisa, la usurpación de terrenos en la periferia de Lima sigue siendo un negocio con poder de fuego.