El análisis señala que el gobierno federal no tiene un interés legítimo en garantizar que gane un candidato de un partido determinado, algo que cambia cómo se evalúan este tipo de reclamos. Para un votante de cualquier país, la pregunta de fondo es hasta dónde puede intervenir el Estado en el resultado de una elección sin romper las reglas que la sostienen. Un reclamo judicial puede ser presentado sin que eso lo vuelva válido, y ese matiz pesa cuando el ruido político llena las noticias. Vale la pena mirar si el argumento se sostiene en los tribunales, no solo si suena fuerte en los titulares.