Si la crisis institucional se extiende por veinticinco años, las soluciones de coyuntura que se proponen en cada gestión tienen un alcance limitado frente a problemas que se repiten. Un plan estratégico de largo plazo implicaría acuerdos entre fuerzas que hoy se disputan casi todo, con costos políticos para quienes cedan. Lo que queda en juego es si el sistema puede sostener reglas comunes mientras cambian los gobiernos.