Cuando una medida de fuerza se presenta como extorsión, la discusión deja de ser salarial y pasa a ser sobre quién tiene legitimidad para decidir cómo funciona la ciudad. Los millones de pasajeros que dependen del subte diariamente quedan en medio de un debate sobre los límites del derecho a huelga. Lo que se dirima acá va a marcar el piso de lo que se considera negociable en los próximos conflictos del transporte.