El caso pone en juego el acceso de contratistas a información clasificada, un perímetro que el Estado suele presentar como cerrado. Si la acusación prospera, cada empleado con credenciales de seguridad queda expuesto a responder penalmente por lo que comparte, aunque su intención sea difundir algo de interés público. La Ley de Espionaje, pensada para otros contextos, vuelve a ser el instrumento central. El lector que se pregunta quién controla el secreto de Estado encuentra aquí una respuesta incómoda: la frontera entre denunciante y espía depende de quién la dibuja.