Cada vez más estafas y engaños se hacen con voces, videos e imágenes generados por inteligencia artificial, y el sistema judicial todavía no tiene reglas consolidadas para comprobarlos. Si un archivo digital no puede acreditarse como auténtico, la víctima pierde la base para reclamar y el acusado puede desligarse con facilidad. La discusión sobre quién carga con la prueba determina cuántos casos llegan a condena. Lo que se resuelva en estos juicios marcará qué tan defendible es un fraude hecho con tecnología.