Según la nota, la presencia de miedo en la vida pública de una comunidad concreta revela un déficit de la democracia que no se resuelve con declaraciones de rechazo. Si una persona debe ocultar su identidad al salir a la calle, el problema ya no es de discurso sino de garantías efectivas. La exigencia que plantea el texto obliga a medir a los gobiernos por lo que logran en la práctica.