Cuando la discusión pública se mueve del argumento al agravio, las críticas dejan de tener efecto sobre las decisiones y el ciudadano pierde la posibilidad de evaluar posiciones. La tensión se traslada a quien habla desde el poder, que define el tono de todo el debate. Lo que está en juego es qué espacio queda para disentir cuando la respuesta oficial se vuelve un ataque personal.